Gobernación y 8 municipios buscan proteger el río Piraí

REUNIÓN. Autoridades de la Gobernación y de los ocho municipios que tienen riberas en el río Piraí se reunieron para analizar la situación de este afluente y buscar soluciones. Se conformarán mesas de trabajo para accionar de manera inmediata.

El Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, se reunió con los representantes de los municipios que se encuentran a lo largo del cauce del río Piraí (La Guardia, El Torno, Porongo, Warnes, Portachuelo y Santa Cruz de la Sierra), para determinar acciones que se desarrollarán para proteger el río, el cual en este último tiempo se ha visto amenazado por los constantes avasallamiento y serios problemas ambientales. Es por tal motivo que la Gobernación y los municipios han visto la necesidad de unir esfuerzos para desarrollar acciones en conjunto para proteger el río Piraí, dijo Cinthia Asin, secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, a tiempo de manifestar que desde la próxima semana, técnicos de la Gobernación y el Searpi realizarán inspecciones a lo largo de esta cuenca para identificar las situaciones irregulares e ilegales. Por su parte, Luis Aguilera, director de Searpi, dijo que se trabajará de manera coordinada con los municipios para poder determinar los daños causados por los avasallamientos, la deforestación, y la contaminación, para así poder determinar una pausa ecológica en las áreas donde se identifique una alternación del lecho del río y sus áreas adyacentes. “Toda acción que se tome será en consenso con los municipios, también se pondrá a disposición toda la asesoría necesaria de parte de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y Searpi para los municipios, en aspectos técnicos, legales y ambientales”, indicó Aguilera. Eliana Torrico, activista del colectivo Árbol de Santa Cruz, exigió a las autoridades de la Gobernación y de los ocho municipios asumir sus responsabilidades frente al desastre causado por la explotación ilegal de áridos, asentamientos humanos ilegales en la cuenca y contaminación que el Searpi ha demostrado, certificado en su diagnóstico ambiental de 2016. El alcalde de La Guardia indicó que es un actuar inconsciente y, además, se pone en riesgo la vida de muchos bañistas con el actuar ilegal y ambicioso de los explotadores de áridos, siendo que dejan hoyos profundos que acaban con la vida de muchos seres, porque no se percatan de la profundidad de los pozos que dejan. De la reunión participaron los gobiernos municipales de La Guardia, El Torno, Porongo, Warnes, Portachuelo y Santa Cruz de la Sierra, también estuvieron las Organizaciones No Gubernamentales como colectivo Árbol y la Universidad Ecológica.