Empresa Santiago Apóstol no presentó ante la Fiscalia su “manifiesto ambiental y licencia de operaciones”, mientras autoridades de Chuquisaca se interesan por la influencia interdepartamental del posible daño ecológico
Después de seis meses que el municipio de Tacobamba advirtiera a la Gobernación de Potosí, el inminente peligro de una fisura del dique de colas y desmontes perteneciente a la empresa minera Santiago Apóstol, el derrame tóxico perjudica, incluso, la imagen de seguridad ecológica de Bolivia.
El derrame de los elementos tóxicos contamina en primer lugar a las autoridades potosinas de Gobernación y genera en segundo término, problemas en las relaciones internacionales con Argentina y Uruguay, cuyas redes hidrográficas podrían también ser contagiadas por los tóxicos mineros provenientes del desastre.
A continuación, una nota explicativa de la Agencia Red Erbol, que por su contenido, que a letra dice:
La Gobernación de Potosí, en febrero de este año, fue advertida y ya conocía el riesgo de una ruptura del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol, de acuerdo con un informe presentado por el Ministerio Público.
El fiscal de la provincia Cornelio Saavedra, José Luis Ríos, reveló que técnicos del municipio de Tacobamba en febrero remitieron documentación de alerta de riesgo a la Secretaria Departamental de Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, cuando Teresa Balderrama fungía como titular en esa cartera del gobierno regional, reportó Radio Aclo de Erbol.
“Ya se tenía (conocimiento), lamentablemente, un informe técnico a los funcionarios de la Secretaria Departamental de Madre Tierra, donde se advertía que el riesgo era inminente, pero lastimosamente, y debo decirlo con hidalguía, estos personeros no han cumplido (con acciones de prevención)”, denunció.
El representante del Ministerio Público agregó que tomará acciones judiciales en contra de los funcionarios de la Gobernación. “No tendré ningún temor (de iniciar proceso) si cometieron acciones de omisión”, señaló.
Ríos también informó que en pasados días requirió a representantes de la empresa en cuestión para que presenten su “manifiesto ambiental y licencia” de operaciones situación que hasta la fecha no fue cumplida.
El fiscal dijo que busca información del tipo de sustancias químicas que empleaba la empresa minera, pero que ninguna institución potosina provee datos y menos presentan querella por el daño ambiental, sino “solo la Gobernación de Chuquisaca solicitó fotocopias del cuaderno investigativo”.
Fuente: El Diario
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