La cobertura de agua potable en Bolivia llega al 90% de la población: el 70% recibe el servicio de EPSAS y el 20% de cooperativas y comités. Hubo 401 quejas.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) fiscaliza a 70 Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSAS) que prestan servicios al 70,74% de la población. Otro 20% es cubierto por cooperativas, comités de agua y similares.
Entre el 2012 y 2017, el número de suministradoras de agua potable reguladas subió de 28 a 70. “En la actualidad, la AAPS fiscaliza a 70 EPSAS importantes en el país. En 2012 hemos comenzado con 28”, informó el director ejecutivo de la APPS, Víctor Rico. Calificó el servicio de estas entidades como “óptimo”.
La mayoría de las EPSAS está en Santa Cruz. La más grande, en La Paz. “Las 37 suministradoras reguladas de Santa Cruz obviamente no son de las más grandes. La Paz, El Alto y sus alrededores tienen a la mayor operadora de Bolivia, que es la Empresa Pública Social de Agua Potable y Saneamiento Epsas SA”, sostuvo.
En Cochabamba hay siete empresas reguladas; en Oruro, tres; en Beni, cinco; en Chuquisaca, tres; en Tarija, cuatro; en Potosí, cinco; y en Pando solo hay una.
Comités y cooperativas
De acuerdo a datos oficiales, la cobertura de agua potable en Bolivia llega al 90% de la población. De ese porcentaje el 70% recibe el servicio de EPSAS y el 20% de otras 2.368 entidades vinculadas con la fiscalizadora. De éstas, 212 operan con licencia; 2.150 con registro y seis con autorización transitoria. Comités de agua y entidades originarias que administran sus recursos hídricos son parte de este grupo.
Asimismo operan los Sistemas de Autoabastecimiento de Recursos Hídricos (SARH). Por ejemplo, en El Alto -área de servicio asignada a EPSAS SA- hay pozos perforados por empresas como Coca-Cola, Vascal, Tusexis y otras; que son sujetos a control de servicio y de facturación.
Aunque son catalogados como de uso industrial, su tarifa es más reducida. “Se reconoce que han invertido sus propios recursos en la perforación y habilitación de las fuentes de provisión”.
La fiscalización
Para el director ejecutivo de la APPS, la importancia de regular a las entidades suministradoras de agua potable radica en las mejoras de la prestación de servicios y en la planificación y preparación ante posibles crisis, como la ocurrida en 2015 cuando 74 barrios de la sede de Gobierno se quedaron sin agua.
Por ello cada una de estas 70 EPSAS deben presentar, de forma anual, un diagnóstico que tome en cuenta los niveles almacenados en sus embalses durante la época de lluvias y las previsiones para el estiaje. Este año, 58 presentaron estos planes de contingencia y 43 fueron aprobados.
“La AAPS debe hacer seguimiento y motivar a las operadoras para que hagan sus planes de contingencia, dado que el cambio climático es uno de los factores que generan escenarios que pueden dar sorpresas o situaciones extremas de sequía, desabastecimiento y racionamiento en las regiones”, explicó Rico en referencia a la escasez que entre 2016 y 2017 afectó La Paz, Chuquisaca, Potosí, y Cochabamba. Algunos de esos problemas aún no han sido resueltos totalmente.
El pasado lunes 9 de abril, la AAPS cumplió nueve años de funcionamiento. Antes de su creación la fiscalización estaba en manos de los Sistemas de Regulación Sectorial dirigidos a un sector principalmente privado.
“Prueba de ello es que la creación de la antecesora Sisab, coincide con la contratación y concesión a Aguas del Illimani. La AAPS se creó bajo una nueva visión. Más allá de hacer un seguimiento, control y fiscalización del desempeño de las empresas operadoras, asume una nueva visión del servicio basada fundamentalmente en criterios de conservación, medio ambiente, accesibilidad y protección de los derechos de los usuarios”, manifestó el director de la AAPS.
La calidad del agua se analiza con cientos de muestras.
Calidad del agua es buena; los datos no son públicos
Según directivos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), la calidad del agua potable en el país “es muy buena”. Los parámetros que evidencian esa situación, no obstante, no son de acceso público.
“La calidad del agua es óptima y cumple con todos los parámetros, según los reportes -semestrales y anuales- de las 70 operadoras de agua. Pero, también hacemos inspecciones de campo para contrastar y verificar los resultados, no sólo ante denuncias sino de forma permanente. Tenemos todos los resultados pero no en una base abierta o una publicación. Pero si atendemos esas solicitudes a requerimiento”, aseguró el director de Estrategias Regulatorias de la AAPS, Genaro Camargo.
La Norma Boliviana 512 de agua potable establece responsabilidades, derechos y parámetros de calidad; pero no indica si éstos deben ser públicos. El acceso a los estudios especializados sobre la calidad del recurso también es limitado ya que en el país sólo hay 20 laboratorios cuyos análisis de agua están acreditados. Nueve de ellos pertenecen a las propias EPSAS.
“Esta gestión se ha pedido a las operadoras la acreditación de IBMETRO justamente para que los resultados sean más confiables. EPSAS SA es la única operadora que tiene aval en más de 22 parámetros”, dijo Camargo.
Señaló que todo ciudadano tiene derecho a solicitar esta información y tener una respuesta de las operadores. La negativa de dar la información es sancionada.
AAPS atendió 401 reclamos en 2017
Durante 2017, al AAPS atendió 401 reclamaciones administrativas que llegaron a esta instancia porque algún usuario no recibió una respuesta satisfactoria de las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable (EPSA). La cifra más alta de los últimos 10 años, con 512 quejas, se registró en 2014.
“Desde entonces vemos una evolución que esperamos sea un reflejo de que este tipo de problemas se están solucionando dentro de las mismas operadoras para que los usuarios no tengan que recurrir al ente regulador, que es un mediador en casos de conflicto”, dijo el director ejecutivo de la AAPS, Víctor Rico.
Según la memoria institucional de 2016 de la AAPS, el 72% de estos reclamos son de tipo comercial. Es decir, por facturación elevada, cobros indebidos, recategorización, falta de atención a la solicitud de servicio, incumplimiento de contratos y cortes injustificados del suministro. El 82% de casos se registraron en La Paz.
Fuente: Página SIETE
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